Desprotección, deslegitimación y paz total en los márgenes del conflicto colombiano
Por: SALVADOR MOLINA SAAVEDRA
Abogado especialista en derecho constitucional
Candidato a Magister en derecho administrativo
La retención de 18 militares del Ejército Nacional en el departamento del Chocó por parte de una multitud, presuntamente integrada por miembros de comunidades indígenas, no constituye un hecho aislado ni anecdótico. Por el contrario, es la expresión más visible de una crisis profunda: “la progresiva desprotección política, jurídica y simbólica de las Fuerzas Militares por parte del propio Estado a las que está llamado a defender.
Bajo el discurso de la “paz total”, el uso expansivo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una lectura selectiva de los derechos humanos, el Estado colombiano ha terminado por restringir severamente la capacidad de acción de su Fuerza Pública, al tiempo que tolera —cuando no normaliza— acciones que socavan su autoridad y legitimidad.
El abandono estatal del territorio… y del soldado
Regiones como el Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Catatumbo, entre muchas otras, ilustran con crudeza una paradoja persistente, el Estado está ausente en lo social, lo económico y lo institucional, al tiempo que trata de estar “precariamente” presente en lo militar.
El Ejército llega diezmado a territorios donde no hay justicia, salud, educación ni inversión sostenida, y se le exige resolver problemas estructurales que exceden por completo su función constitucional.
Sin embargo, cuando esa misma Fuerza Pública enfrenta agresiones directas —como la retención ilegal de su personal— el respaldo del Estado se diluye; El soldado queda expuesto, no solo al riesgo físico, sino a una creciente incertidumbre jurídica y política, sobre ¿hasta dónde puede actuar para protegerse?.
Retenciones “legitimadas” y erosión de la autoridad
El lenguaje importa. En muchos discursos oficiales y mediáticos, la retención de militares es presentada como un “conflicto con comunidades” o un “incidente humanitario”, evitando términos jurídicos claros como secuestro o privación ilegal de la libertad. Esta ambigüedad no es inocente, contribuye a la deslegitimación de la autoridad estatal y envía un mensaje peligroso de permisividad. ¿Cuántos miembros de estas comunidades se han individualizado y judicializado?
Cuando civiles pueden retener al personal armado del Estado sin consecuencias inmediatas ni claras, se rompe un principio básico de soberanía, el monopolio legítimo de la fuerza y como resultado es un Ejército reducido a actor pasivo, obligado a negociar su propia libertad en territorios donde, formalmente, debería ejercer autoridad.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), como límite… y como coartada
El Derecho Internacional Humanitario, concebido para humanizar la guerra, se ha convertido en muchos casos en una camisa de fuerza para las Fuerzas Militares. Bajo su interpretación más restrictiva:
•Los militares no pueden usar la fuerza para liberarse si ello implica riesgo para civiles.
•No pueden ejercer represalias ni control coercitivo del territorio.
•No pueden actuar preventivamente si no hay una amenaza armada clara y directa.
Mientras tanto, las comunidades involucradas en estas retenciones rara vez son analizadas bajo el criterio de participación directa en hostilidades, a pesar de que la privación de la libertad de combatientes estatales constituye, en sí misma, un acto hostil.
Así, el DIH termina operando de manera asimétrica: protege legítimamente a la población civil, pero deja en un limbo jurídico al soldado, quien pasa de ser garante de seguridad a rehén de consideraciones políticas.
La “paz total” y la neutralización de la Fuerza Pública
La política de “paz total”, en su implementación práctica, ha profundizado esta desprotección. En nombre de la desescalada y el diálogo, se han debilitado los márgenes de acción de las Fuerzas Militares, incluso en escenarios donde no existe un cese efectivo de hostilidades o donde los actores armados ilegales continúan ejerciendo control territorial.
El anuncio de ceses al fuego por parte del ELN, mientras se producen retenciones de militares, revela una contradicción central: se exige contención absoluta al Ejército, pero no existe un control real ni inmediato sobre las dinámicas locales de violencia y coerción a los grupos irregulares.
La paz, así entendida, deja de ser un objetivo estratégico y se convierte en una narrativa que justifica la inacción del Estado frente a la vulneración de su propia Fuerza Pública.
Deslegitimación y riesgo institucional
El efecto acumulado de estos episodios es grave:
•Se deteriora la moral militar.
•Se transmite a la tropa la idea de que el Estado no la respaldará plenamente.
•Se proyecta una imagen de debilidad institucional ante actores armados y comunidades instrumentalizadas.
Un Estado que no puede garantizar la libertad y seguridad de sus propios soldados en el territorio que dice gobernar, compromete no solo su capacidad operativa, sino su credibilidad como autoridad soberana.
Secuestro -retención ilegal o instrumentalización
“Según el Código Penal Colombiano, el secuestro es la acción de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona para exigir un provecho (dinero, favores, etc.) a cambio de su libertad, o para lograr fines publicitarios/políticos, clasificándose principalmente como Secuestro Extorsivo (Art. 168A, Ley 1121 de 2007) si hay exigencia, o Secuestro Simple (Art. 168, Ley 599 de 2000) si es sin fines de lucro pero buscando otro provecho o impedir la libertad. La ley diferencia la motivación: busca lucro/beneficio (extorsivo) o propósitos distintos (simple), ambos afectan gravemente la libertad y dignidad humana”
Conclusión
La retención “secuestro” de militares en el Chocó la cual ha sido replicada de otros lugares del territorio nacional, no es solo una crisis humanitaria ni un desafío jurídico, es un síntoma de un Estado que, en su afán por mostrarse comprometido con la paz, ha relegado la protección y legitimidad de sus Fuerzas Militares. El DIH no puede convertirse en excusa para la parálisis estatal ni la “paz total” en un marco que normalice la humillación institucional.
Sin respaldo político claro, sin reglas de enfrentamiento coherentes y sin presencia integral del Estado, las Fuerzas Militares quedan atrapadas entre la violencia ilegal y la autocontención forzada. Y un país que expone así a quienes portan su uniforme, termina debilitando los cimientos mismos de su seguridad y de su soberanía.